Conflictos con elementos técnicos o económicos

12. Práctica de los procedimientos relacionados con conflictos con elementos técnicos o económicos (1)

1) Los procedimientos sobre conflictos en que se hayan de tener en cuenta elementos económicos o técnicos (como los relacionados con la inaplicación salarial de convenios, apreciación de circunstancias económicas, técnicas, organizativas o productivas justificativas de modificación de condiciones de trabajo o de convenios colectivos, suspensiones o despidos, negociaciones de convenios o pactos colectivos, sistemas de productividad medida, sistemas de valoración de puestos, apreciación de circunstancias de toxicidad, penosidad o peligrosidad, cumplimiento de medidas de seguridad y salud laboral, etc.) se admitirán a trámite en los mismos casos que los procedimientos sobre los demás conflictos.

2) Para estos procedimientos rige la regla general del Preco (punto 20), que dice que "el profesional practicará, a instancia de parte o por propia iniciativa, las actuaciones que estime convenientes y recabará la información que considere precisa para su función". La recabará obviamente de las propias partes, a quienes corresponde demostrar sus afirmaciones acerca de esos aspectos técnicos o económicos del modo que crean conveniente, por ejemplo mediante la aportación de informe emitido por expertos en dichas materias a petición de cada una y a su cargo.

3) No obstante, efectúen o no prueba las partes en esos términos, el Consejo acostumbra a facilitar a los conciliadores, mediadores o árbitros el asesoramiento de persona experta en esas materias cuando el profesional lo solicita. En principio, se trata de una información orientativa para el profesional y no de un elemento de prueba sobre el que las partes deban pronunciarse, salvo que se trate de un arbitraje y de una actuación pericial para establecer un fundamento objetivo en el que vaya a basarse el laudo (como una medición de tiempos u otras pericias). En tal caso, el derecho de defensa exige que las partes conozcan el informe y puedan alegar acerca de él.

4) En estas ocasiones (informe solicitado por el profesional al Consejo), su coste corre a cargo del propio Consejo, por lo que se facilita dentro de unos límites, dadas las limitaciones de los presupuestos públicos:

    1.  El asesoramiento es prestado, por regla general, por una sola asesoría especializada, con la que se han concertado unas condiciones que hagan posible el acotamiento de la intervención, la emisión rápida de un presupuesto, su ajuste a importes asumibles por el Consejo y su ejecución dentro de los plazos necesarios para la práctica del procedimiento.
    2. En particular, el acotamiento de la intervención consiste en que, igualmente como regla general, no se extienda más allá de una jornada de toma de datos y a lo sumo otra de emisión del informe. Para ello, en caso de que las dimensiones de los aspectos técnicos o económicos excedan de lo que pueda analizarse en ese tiempo, la práctica debe consistir en aislar un aspecto significativo (un puesto de trabajo, una línea de producción, etc.) cuando es posible, para efectuar en él las mediciones, comprobaciones u otras operaciones que sean necesarias, de modo que lo que de ello resulte sirva a las partes como síntoma de la necesidad o no de corregir la medición, valoración, estimación de circunstancias, etc. sobre las que verse el conflicto. Ese acotamiento deberá ser suficiente para limitar la intervención técnica a dos jornadas como máximo, y habrá de ser aceptado por las partes y reflejado en acta.
    3. Esta necesidad de acotamiento del problema para la práctica del informe es de carácter esencial para que el Consejo pueda aceptar la solicitud del profesional de ser asesorado técnica o económicamente. De otro modo el asesoramiento sólo se le prestaría a condición de que las partes asuman la diferencia entre el importe de dos jornadas y la totalidad del presupuesto presentado previamente por la empresa consultora.

5) En todo caso, si el profesional no contara con los medios de información necesarios, fuera porque el Consejo no estuviera en condiciones de procurárselos, o porque las partes no aceptaran el acotamiento de la intervención o no le aportaran los informes técnicos o económicos que avalen sus posturas, podrá cerrar el procedimiento por imposibilidad de formular fundadamente una propuesta en mediación o un laudo arbitral.

 (1) Textos añadidos por la Comisión Paritaria del Preco, mediante acuerdo publicado en el BOPV nº 19, de 27.1.2012, que han sido declarados válidos por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23.6.2014.

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